El Contralor de Cundinamarca, Ricardo López Arévalo, realizó su audiencia de rendición de cuentas, vigencia 2016–2019, en la cual destacó el trabajo articulado con el gobernador, Jorge Rey, para extinguir el fenómeno de las obras aplazadas en los municipios del departamento.

“Por primera vez se identificaron 220 obras inconclusas con un costo de $392 mil millones y en solo tres años y medio, el control fiscal garantizó que 123 presten servicio en deportes, por valor de $242.565 millones; 23 en deportes y parques; 7 en salud, 51 en educación; 12 en vías y urbanismo y 10 en vivienda”, dio a conocer López Arévalo.

Entre las obras más representativas se destaca la nueva sede del hospital de La Vega con una inversión de $15.000 millones; el servicio médico que se garantiza a partir del 8 de noviembre en las modernas instalaciones del hospital Regional de Zipaquirá con un costo de $100.000 millones; la construcción del acueducto de La Mesa-Anapoima para el 2020 luego de las falsas promesas y un acto de corrupción cuyo costo asciende a $33.000 millones.

De igual manera, la rendición de cuentas resaltó la importancia del regreso del turismo a Nemocón con la construcción de 25 metros del Pontón Férreo, así como la terminación del Centro deportivo en Guatavita y un salón de cómputo en el municipio de San Francisco, obras que suman $1.121 millones y que se adicionan, además, a los $6.000 millones destinados a la  terminación del Coliseo Cubierto de Bojacá.

El gobernador Jorge Rey, quien se mostró satisfecho y agradecido por el trabajo mancomunado, entre la Contraloría departamental y la Gobernación de Cundinamarca expresó: “Cundinamarca tiene un aliado de la gestión y el resultado, la Contraloría de Cundinamarca, con la cual hemos trabajado bajo dos prospectos, primero, la buena fe y la confianza y segundo, el seguimiento y la evaluación permanente, lo que nos ha permitido consolidarnos como un departamento con buenas prácticas y buen uso del recurso público”.

Cundinamarca primer departamento del país en inclusión

Como ejemplo de trabajo en favor de la población con discapacidad, el Alto Consejero Presidencial para la discapacidad, Jairo Clopatofsky, destacó la labor de acompañamiento y seguimiento realizada por la Contraloría de Cundinamarca en la implementación de la política pública municipal de discapacidad y la accesibilidad.

En este sentido, manifestó que gracias al trabajo comprometido y acucioso de la entidad y de la Gobernación de Cundinamarca se logró que los 116 municipios adoptaran oficialmente la Política Pública de Discapacidad, con vigencia 2019. Así, los territorios estructuraron los programas de inclusión con bases claras y objetivos alcanzables que generaron la efectividad requerida para beneficiar a la  población vulnerable.

En el marco de la rendición de cuentas de la entidad, el Contralor presentó el resultado de la Convocatoria ¨SOY Municipio Incluyente¨, y  destacó a aquellos que han trabajo en favor de esta población, entre ellos Cajicá, Carmen de Carupa, Mosquera, El Colegio, Sesquilé, Anapoima, Soacha y Cota.

“Es gratificante evidenciar que la Política Pública de Discapacidad en el departamento se ve reflejada a través de inversiones en lo social, en lo educativo, en lo deportivo, en lo cultural, y en emprendimiento e infraestructura; pero principalmente en ese espíritu donde el amor, la pasión y la convicción de servicio salen a relucir, lo que me despierta un sentimiento de gratitud y esperanza en el servidor público cundinamarqués y la evidencia de que nuestra huella es visible”, expresó el funcionario.

Recuperación de cartera e inversión en calidad del servicio de salud

El sector salud fue otro de los temas abordados en la rendición de cuentas de la Contraloría de Cundinamarca, donde se destacó un sinnúmero de encuentros entre las EPS e IPS que permitieron garantizan la sostenibilidad financiera de la red pública de salud del departamento, explicó el contralor López Arévalo, quien, además, indicó qué recursos por valor de $492.934 millones han permitido mejorar el servicio a los pacientes con la contratación de personal,  la adquisición de equipos y la adecuación de las instalaciones, entre otros aspectos.

El trabajo desarrollado por la Contraloría de Cundinamarca permitió pasar de conciliaciones de cartera del orden de los $74.000 millones, en 2015, a cifras de $138.709 millones, en 2016 y $158.462 millones, en 2017.

“El cierre de una institución de salud por falta de recursos es un acto lesivo para el bienestar de la comunidad, algo que como contralor debo evitar a toda costa, por ello asumí desde el inicio de la gestión el compromiso de trabajar con total firmeza para proteger el patrimonio público de los hospitales”, explicó el Contralor de Cundinamarca.

La entidad también destacó los $5.415 millones representados en equipos biomédicos y elementos de dotación hospitalaria, que se encontraban en desuso y fueron puestos al servicio de los hospitales gracias a una innovadora jornada de intercambio de información y equipos, entre las instituciones de salud.

Asimismo, la experiencia de colaboración interinstitucional, permitió identificar compras de 1.602 equipos, por valor de $5.778 millones, que no habían sido puestos al servicio, tales como un mamógrafo, por valor de $808 millones; 14 ventiladores con un costo de $766 millones; cuatro máquinas de anestesia, por $382 millones y 49 camillas por $325 millones. Hoy se reporta una efectividad en valor de equipos puestos en funcionamiento del 94%.